Captura regulatoria: cómo las industrias dominan las agencias que deberían controlarlas

Imagina que una agencia creada para protegerte de los abusos de las grandes empresas termina actuando como su abogado. No es ficción. Es captura regulatoria: el proceso por el cual las industrias, con dinero, contactos y conocimiento técnico, convierten a los reguladores en aliados en lugar de vigilantes. Y esto no pasa en un rincón oscuro del gobierno. Sucede en las salas de reuniones del Congreso, en las oficinas de la SEC, en las agencias de energía y en los departamentos de salud pública.

¿Qué es realmente la captura regulatoria?

La captura regulatoria no es corrupción abierta, como sobornos o dinero en efectivo. Es algo más sutil, más peligroso. Es cuando los reguladores, con el tiempo, empiezan a pensar como las empresas que deberían controlar. Dejan de preguntarse: ¿Esto protege al público? y empiezan a preguntarse: ¿Esto es viable para la industria?

El concepto nació en 1971, con el economista George Stigler, quien observó que los gobiernos no regulan para el bien común, sino que terminan sirviendo a quienes tienen más poder para presionar. Hoy, el 78% de los estadounidenses expresan preocupación seria por esta influencia, según una encuesta de Pew Research en 2023. Y no es solo Estados Unidos. El Banco Mundial encontró que el 47% de los 189 países evaluados sufren este problema como un riesgo sistémico.

Los dos tipos de captura: dinero y mentalidad

Hay dos formas principales en que las industrias capturan a los reguladores. La primera es la captura materialista: cuando el interés personal se pone en juego. Esto incluye el revolving door -el giro de puertas- donde altos funcionarios dejan el gobierno para trabajar en las mismas empresas que antes regulaban. En el Departamento de Defensa de EE.UU., el 53% de los altos cargos se unieron a la industria de defensa en menos de un año tras dejar el cargo entre 2008 y 2018. En la SEC, el 87% de los funcionarios que regulaban a Wall Street tenían vínculos directos con esas firmas antes o después de su servicio.

La segunda es la captura cultural. Aquí no hay sobornos, pero sí empatía. Los reguladores pasan años hablando con ejecutivos, asistiendo a sus conferencias, leyendo sus informes técnicos. Con el tiempo, empiezan a entender sus preocupaciones -y a compartir sus prioridades. Se vuelven más comprensivos con los retrasos, más tolerantes con las violaciones, más dispuestos a aceptar explicaciones vagas como “es un problema técnico”.

Y hay un tercer mecanismo: la asimetría de información. Las empresas saben más sobre sus propios procesos que cualquier regulador. ¿Cómo se fabrica un medicamento? ¿Cómo funciona un algoritmo de trading? ¿Cómo se mide la seguridad de un avión? Las agencias dependen de los datos que les dan las industrias. Y si esos datos están sesgados, la regulación también lo está.

Ejemplos reales: cuando la regulación beneficia a los poderosos

En 1887, Estados Unidos creó la Comisión de Comercio Interestatal para proteger a los agricultores de los abusos de los ferrocarriles. En menos de 15 años, la comisión empezó a subir las tarifas cuando los ferrocarriles lo pedían. Ya no protegía a los clientes; protegía a los monopolios.

En 2008, la SEC falló en detener la crisis financiera. No por incompetencia, sino porque sus inspectores estaban demasiado cerca de Wall Street. Un informe oficial reveló que el 87% de las firmas más grandes tenían empleados o ex-empleados en la SEC. El resultado: supervisión débil sobre $23 billones en derivados. Nadie fue procesado.

En el Reino Unido, la agencia de impuestos HMRC acordó con 1,842 empresas multinacionales acuerdos secretos de impuestos entre 2012 y 2019. Cada uno promediaba £427 millones en reducciones. Mientras tanto, el público seguía creyendo que las corporaciones pagaban el 19% de impuestos. La realidad: muchas pagaban menos del 5%.

Y luego está el azúcar. En EE.UU., las tarifas sobre el azúcar importado mantienen los precios tres veces más altos que el mercado mundial. Cada familia paga unos $33 al año extra. Parece poco. Pero para 4,318 productores de azúcar, eso suma $4 mil millones en ganancias adicionales. Es un ejemplo clásico: costos dispersos entre millones de consumidores, beneficios concentrados en unos pocos.

¿Por qué no se detiene esto?

Porque el sistema está diseñado para que esto pase. La teoría de la elección pública explica que los grupos con intereses concentrados -como las grandes empresas- invierten mucho en presionar al gobierno. Los consumidores, en cambio, están dispersos. ¿Quién va a pasar horas escribiendo cartas a un congresista por un aumento de $33 en su factura de azúcar? Nadie.

Las industrias gastan 17 veces más por persona en cabildeo que los grupos de consumidores. En EE.UU., las empresas gastan 22 veces más en contribuciones políticas que los defensores del público. Y cuando un regulador intenta actuar con firmeza, las empresas responden: amenazan con recortar empleos, con mudarse a otro país, con presionar a sus representantes.

Además, muchas agencias están aisladas. No hay supervisión constante del Congreso. Solo el 30% de las agencias más vulnerables tienen comités de control que las revisen con frecuencia. Sin eso, nadie pregunta: ¿por qué este regulador se reunió con 12 ejecutivos de energía este mes y solo con un representante de consumidores?

¿Qué se está haciendo para detenerlo?

Algunos intentos han funcionado. Canadá introdujo un programa de formación para reguladores que redujo las reuniones con la industria en un 27% y aumentó las consultas con grupos de consumidores en un 43%. Nueva Zelanda, con su Ley de Estándares Regulatorios, logró que la adopción de regulaciones favorables a la industria cayera del 68% al 31% entre 2016 y 2022.

La Unión Europea exige ahora que al menos el 40% de los miembros en los comités asesores sean representantes de consumidores. El Banco Mundial y la OCDE están presionando a los países para que implementen evaluaciones independientes de impacto regulatorio.

En EE.UU., la Comisión Federal de Comercio lanzó en 2023 una Iniciativa de Captura Regulatoria, con un presupuesto de $23 millones y una oficina independiente para auditar contactos con la industria. Pero el problema es que el 78% de las propuestas de reforma entre 2015 y 2022 fracasaron en el Congreso.

El futuro: nuevas amenazas y esperanzas

Las nuevas tecnologías están creando nuevas formas de captura. En 2022, la industria de las criptomonedas gastó $128 millones en cabildeo en EE.UU., un aumento del 273% en solo dos años. Los reguladores, muchos sin formación técnica, dependen de los mismos expertos que trabajan para las empresas. El resultado: reglas confusas, lentas, y a menudo favorables a los creadores de cripto.

Y ahora aparece el lobbying algorítmico: programas de inteligencia artificial que generan 17,000 comentarios personalizados por hora para influir en regulaciones. En telecomunicaciones, esto aumentó la influencia de la industria en un 34%.

Pero no todo es sombrío. En Francia, la Convención Ciudadana para el Clima reunió a 150 ciudadanos comunes para redactar políticas energéticas. El resultado: la influencia de las grandes empresas en el proceso cayó un 52%. Demostró que cuando el público participa directamente, la captura se debilita.

¿Qué puedes hacer?

Como ciudadano, no puedes cambiar una ley por tu cuenta. Pero puedes exigir transparencia. Pregunta: ¿Quién financió esta regulación? ¿Quién redactó este informe? ¿Cuántas reuniones tuvo este regulador con la industria este año?

Apoya a organizaciones que monitorean el poder corporativo. Lee los informes de Public Citizen, Corporate Europe Observatory o Transparency International. Comparte lo que aprendes. Habla con otros. Porque la captura regulatoria no se combate con un solo voto. Se combate con millones de voces que se niegan a aceptar que las empresas deban gobernar lo que debería proteger al público.